Hablar de la singularidad de Canarias en el marco estatal e, incluso, en el seno de la Unión Europea en pleno siglo XXI está fuera de toda duda, pero no podemos hacer demagogia cuando nuestro futuro está en juego y es obligación de todos estar a la altura de las circunstancias.

Negociar el Régimen Económico y Fiscal (REF) requiere de un acuerdo común por la defensa de los intereses del Archipiélago, por encima de las ideologías y con una visión global del modelo que se quiere para nuestra Comunidad Autónoma en las próximas décadas, reconociendo nuestras singularidades y anteponiendo el interés general de Canarias al particular de cada uno de nosotros.

Los agentes económicos y sociales tenemos que sentarnos a buscar y negociar acuerdos en los principales temas en discusión siendo conscientes de la importancia de los temas a tratar y de lo que se juegan las islas en estos momentos. No podemos, en este asunto, utilizar como moneda de cambio cualquier interés sesgado e interesado para obtener una repercusión o relevancia personal en unas circunstancias tan importantes como en las que nos encontramos en este momento. Todos tenemos la obligación y el deber de aportar y participar en la discusión con nuestras propuestas para alcanzar un consenso con el que ir unidos.

El Régimen Económico y Fiscal no lo podemos vaciar de contenido económico, descafeinándolo como se ha hecho hasta ahora en cada reforma, dejando únicamente la parte fiscal. En la nueva negociación tiene que volver a ser la herramienta que da fuerza y estabilidad a nuestra economía. Un potente, a la vez que eficaz, mecanismo que debe ser más económico que fiscal, que tenga encaje en la estructura económica de Canarias para que, de verdad, sea útil y de aplicación masiva para todos, dando respuesta a nuestras necesidades y revirtiendo directamente en todos las ámbitos de nuestra sociedad.

Dentro de las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma, como región ultraperiférica, el REF tiene que ser el instrumento normativo que nos haga recuperar la inversión y el desarrollo empresarial, industrial y comercial; con ello, la competitividad y la eficiencia de nuestra economía. Ha de convertirse en el marco normativo que regule los incentivos, deducciones y bonificaciones haciéndonos, de este modo, competitivos en el mercado internacional haciendo de nuestras especificidades un atractivo para que nuestro Archipiélago atraiga inversiones y sea, realmente, plataforma tricontinental.

El sector comercial de nuestra Comunidad Autónoma también se la juega. El REF tiene que incluir la posibilidad de salvar el diferencial que implica la insularidad, lejanía y escasas economías de escala con el resto de territorios nacionales de forma que recuperemos la competitividad perdida y, de esta manera, tengamos las mismas oportunidades de una forma equitativa. Tiene que crear una economía que no esté subvencionada, ni subsidiada, sino incentivada, eficiente y estratégicamente fuerte para que, de esa manera, cree empleo estable y de calidad por sí sola, no de forma artificial.

El REF está obligado a ser un mecanismo que posibilite invertir, diversificar y compensar en sectores estratégicos para que no se conviertan en monopolios naturales que utilicen su posición predominante en beneficio propio y en contra de Canarias, como pueden, ser entre otros, el mercado de la electricidad, las desaladoras, las telecomunicaciones y hasta el trasporte de viajeros y mercancías, entre otros.

Tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos para negociar las condiciones y no podemos equivocarnos, porque el precio que tendríamos que pagar sería muy alto y estas islas se merecen que tengamos claro cómo debe ser nuestro futuro, con unos representantes conscientes de la importancia de la cita que tenemos con el REF.

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